Han transcurrido más de 27 años desde su entrada en vigor. La pregunta que el país debe responder es directa: ¿cuánto de lo establecido por esta ley se cumplió, cuánto se dejó de hacer y qué consecuencias tuvo para la Amazonía y para el Perú?
No se trata de una discusión exclusivamente tributaria ni de una reclamación contable. Se trata de esclarecer una responsabilidad histórica con millones de ciudadanos y con una región cuya riqueza natural, ubicación geográfica y potencial productivo pueden contribuir decisivamente al futuro nacional.
UNA LEY, COMPROMISOS CONCRETOS Y CUENTAS PENDIENTES
La Ley 27037 contempló mecanismos de inversión y financiamiento que deben ser examinados con documentos, presupuestos y resultados verificables.
1. El 10 % de los gastos de capital
El artículo 7.1 estableció que los sectores comprendidos debían destinar a gastos en la Amazonía no menos del 10 % de su asignación presupuestal para gastos de capital, en cada ejercicio.
La disposición no establece el 10 % de todo el presupuesto ministerial, sino de la asignación para gastos de capital señalada por la ley.
Corresponde reconstruir cada ejercicio presupuestario, identificar los sectores comprendidos, determinar cuánto debió asignarse y confrontarlo con los montos efectivamente asignados y ejecutados en la Amazonía.
2. S/ 100 millones para el FOPRIA
La octava disposición complementaria contempló una transferencia de S/ 100 000 000 —cien millones de soles— para habilitar el Fondo de Promoción de la Inversión en la Amazonía (FOPRIA).
La disposición original está expresada en Nuevos Soles, la denominación monetaria de 1998. No se trata de cien millones de dólares.
El Estado debe esclarecer si la transferencia se efectuó, cuándo se realizó, qué recursos llegaron al fondo, cómo se administraron y qué resultados produjeron.
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No corresponde atribuir automáticamente todas estas carencias a una sola ley. Sí corresponde exigir que el Estado determine qué medidas fueron ejecutadas, cuáles fueron omitidas y qué impacto tuvieron en el desarrollo amazónico.
También existe una dimensión nacional. La Amazonía no es una periferia ajena al Perú: es territorio soberano, patrimonio natural y parte fundamental de nuestra identidad y futuro económico.
Su desarrollo sostenible puede fortalecer la producción, la seguridad alimentaria, la industria, el comercio, la logística y la integración del país con Brasil, Bolivia y los mercados del Asia-Pacífico.
CONSERVAR Y DESARROLLAR: UNA RESPONSABILIDAD NACIONAL
La Constitución, en sus artículos 68 y 69, establece responsabilidades del Estado respecto de la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo sostenible de la Amazonía.
Conservar no significa condenar a sus habitantes a la pobreza ni impedir toda actividad económica. Desarrollar tampoco significa destruir el bosque.
El desafío es promover inversión responsable, tecnología, infraestructura, producción sostenible y oportunidades humanas, respetando las áreas protegidas, los ecosistemas y las normas ambientales.
La Amazonía peruana necesita una visión que integre protección ambiental y desarrollo económico, con participación de sus ciudadanos y una presencia efectiva del Estado.
Su ubicación en la frontera con Brasil y Bolivia, y su conexión con la carretera Interoceánica Sur, ofrecen oportunidades que deben evaluarse con planificación, inversión y responsabilidad.
La integración regional no puede limitarse a discursos o mapas. Debe traducirse en infraestructura, servicios, producción, comercio y mejores condiciones de vida para la población.
2027: EL COMIENZO DE UNA NUEVA ETAPA
El Perú debe iniciar en 2027 una revisión integral y transparente de la aplicación de la Ley 27037.
El primer paso es publicar una evaluación documentada desde 1999: asignaciones presupuestarias, transferencias, operaciones de endeudamiento, proyectos, ejecución, resultados y obligaciones pendientes.
El segundo es establecer un programa de cumplimiento con responsables, presupuesto, metas verificables y rendición pública de cuentas.
El tercero es proyectar una política de desarrollo amazónico de largo plazo, con un horizonte de 50 años, de 2027 a 2076.
Este horizonte constituye una propuesta de planificación nacional, no una extensión automática de los beneficios tributarios previstos originalmente por la ley.
La estrategia debe priorizar infraestructura, conectividad, educación, salud, innovación, empleo formal, inversión productiva y conservación ambiental. Su avance debe medirse periódicamente y ser conocido por la ciudadanía.
No basta con declarar que la Amazonía es importante. Es indispensable demostrarlo con decisiones, recursos y resultados.
UNA DEUDA CON LA AMAZONÍA ES UNA RESPONSABILIDAD CON EL PERÚ
La Ley 27037 no debe permanecer como una promesa archivada ni como una referencia jurídica sin evaluación pública.
El Estado debe esclarecer su cumplimiento, determinar responsabilidades institucionales cuando corresponda y corregir las omisiones que se acrediten.
La Amazonía necesita oportunidades reales para sus habitantes. El Perú necesita integrar su territorio, aprovechar responsablemente su potencial y fortalecer su presencia soberana en una región estratégica.
2027 debe ser el punto de partida de una nueva etapa: cumplimiento verificable, inversión responsable y desarrollo sostenible hasta 2076.
No para repetir promesas, sino para convertir una ley de promoción en resultados concretos para la Amazonía y para toda la nación.
La Amazonía es patrimonio del Perú. Su desarrollo sostenible es una responsabilidad nacional.

